Víctimas del Catatumbo respaldan fin de procesos de paz oficiales
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, calificó como necesaria la terminación de los diálogos debido a la falta de voluntad política.
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, celebró este martes la decisión del Gobierno de De la Espriella de dar por terminados los procesos de paz que se mantenían vigentes. Según el dirigente, esta determinación responde a una realidad innegable en el territorio: la ausencia de voluntad genuina por parte de los grupos armados para alcanzar una solución negociada al conflicto que ha azotado históricamente a la región del Catatumbo.
Mayorga señaló que el desmonte de estas mesas de negociación marca un punto de inflexión necesario para la seguridad nacional. Para los habitantes de la zona, la persistencia de la confrontación armada y la inseguridad han obstaculizado el desarrollo social y económico durante años, provocando una crisis humanitaria que requiere un enfoque distinto por parte del Estado mexicano y sus instituciones encargadas de la seguridad pública.
Ante el nuevo rumbo planteado por la administración federal, el representante de las víctimas propuso que las acciones deben orientarse prioritariamente hacia la recuperación efectiva del orden público. La propuesta incluye un despliegue coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como una mayor presencia de la Guardia Nacional en las áreas más vulnerables para garantizar la protección de la población civil.
Asimismo, el líder gremial enfatizó que la estrategia no debe limitarse exclusivamente a la fuerza. Es fundamental que las medidas de seguridad se acompañen de programas integrales que mejoren las condiciones de vida, fomentando la inversión en infraestructura y servicios básicos que han sido abandonados en el contexto de la guerra. La meta, según Mayorga, es devolver la gobernabilidad y la tranquilidad a las familias afectadas.
El anuncio ha generado diversas reacciones en el Congreso de la Unión, donde se espera que la Secretaría de Gobernación presente en los próximos días un plan detallado sobre la nueva política de seguridad para las regiones críticas del país. La expectativa de las asociaciones civiles es que este cambio de estrategia logre romper los ciclos de violencia que han impedido el progreso de las comunidades rurales.
