Tribunal inhabilita a Sandra Cuevas por irregularidades en el Operativo Diamante

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha dictado una resolución que inhabilita por el periodo de un año a Sandra Cuevas, tras determinar que incurrió en abuso de funciones e irregularidades administrativas durante la ejecución del denominado “Operativo Diamante” realizado en 2023. Esta determinación surge tras un proceso de fiscalización sobre las acciones emprendidas por la entonces alcaldesa, las cuales fueron cuestionadas por diversos sectores de la ciudadanía y organizaciones civiles debido a la presunta vulneración de protocolos de actuación pública.

La resolución judicial establece que el ejercicio de la autoridad durante dicho operativo excedió las facultades legales conferidas a la administración de la demarcación en ese momento. Los magistrados señalaron que las acciones de retiro de mobiliario y las intervenciones en el espacio público carecieron del debido sustento normativo, lo que derivó en la sanción administrativa que busca sancionar el uso indebido de los recursos y atribuciones del cargo público.

Es importante precisar que esta sanción no es definitiva ni ejecutable de manera inmediata. La defensa legal de la funcionaria cuenta con los mecanismos jurídicos correspondientes para impugnar la resolución ante instancias superiores, por lo que el proceso administrativo se mantiene en una etapa de litigio abierto ante los tribunales capitalinos.

Hasta el momento, el equipo legal de la parte afectada ha manifestado su intención de agotar los recursos de apelación necesarios para controvertir los argumentos del Tribunal. Mientras el proceso de impugnación se encuentre en curso, la inhabilitación no surtirá efectos legales, permitiendo que la situación jurídica de la involucrada permanezca sin cambios definitivos hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad competente.

Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del actuar de los gobiernos municipales en la capital del país y la importancia de la transparencia en los operativos de ordenamiento urbano. La resolución final sentará un precedente relevante sobre la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos ante el ejercicio de sus facultades en operativos que impactan directamente a la ciudadanía.