Sipinna respalda la Ley Asiel para combatir violencia sexual contra menores
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se pronuncia a favor de fortalecer el marco legal contra el abuso infantil en México.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestó este sábado su respaldo a la implementación de la denominada Ley Asiel, una propuesta legislativa diseñada para robustecer las medidas de prevención y sanción contra la violencia sexual que afecta a menores de edad en el país. El pronunciamiento busca elevar los estándares de protección institucional y asegurar una respuesta coordinada entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la infancia mexicana.
La propuesta, que actualmente se encuentra bajo análisis en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, pretende establecer protocolos de actuación más estrictos para las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. El objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta ante denuncias de abuso y asegurar que las víctimas reciban una atención integral que incluya acompañamiento psicológico y jurídico desde el momento en que se reportan los hechos.
Representantes del Sipinna señalaron que la aprobación de este marco jurídico es fundamental para armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. La institución enfatizó que el fortalecimiento de las penas y la creación de un registro nacional de agresores sexuales son puntos clave para disuadir la comisión de estos delitos y proteger el bienestar de los menores en espacios escolares, familiares y digitales.
Por su parte, el equipo técnico que impulsa la iniciativa detalló que la Ley Asiel contempla la capacitación obligatoria para el personal de la Secretaría de Salud y del sector educativo, con el fin de detectar de manera temprana signos de violencia. Se espera que las próximas semanas se realicen foros de consulta con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho familiar para ajustar los alcances de la ley antes de su eventual votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
Finalmente, el Sipinna reiteró que el combate a la violencia sexual requiere una política de Estado que trascienda los periodos administrativos y cuente con el presupuesto necesario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La institución hizo un llamado a los legisladores para priorizar este debate en la agenda parlamentaria, subrayando que la protección de los derechos de la niñez debe ser un eje rector del desarrollo social del país.


