Ratifican prisión preventiva contra contralmirante Farías Laguna por delitos federales
Un juez federal mantuvo la prisión preventiva contra el contralmirante Farías Laguna, mientras la defensa prepara pruebas para la audiencia de vinculación a proceso programada para el 26 de agosto.
El contralmirante Farías Laguna permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras una audiencia celebrada este fin de semana, en el marco del proceso judicial que enfrenta por presuntos delitos federales. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la imputación en su contra por los cargos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados con el robo y comercialización de hidrocarburos. La resolución judicial fue dictada ante la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante la etapa inicial del procedimiento legal.
Durante la diligencia, la defensa legal del mando naval solicitó formalmente una ampliación del plazo constitucional para presentar pruebas y argumentos que busquen desvirtuar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Federal. Ante esta petición, el juzgador determinó que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 26 de agosto. Será en esa fecha cuando se determine si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal en su contra por los delitos señalados por la autoridad ministerial.
El caso ha generado atención debido a la trayectoria del imputado y la gravedad de los ilícitos, los cuales se encuentran vinculados a la estrategia nacional de combate al robo de combustible y la transparencia en el sector energético. La FGR ha presentado diversos indicios que, a su juicio, vinculan al contralmirante con una estructura dedicada a la sustracción ilícita de hidrocarburos, actividad que impacta directamente en las finanzas de PEMEX y en la seguridad de la infraestructura estratégica del país.
Por su parte, el equipo de defensa ha reiterado que presentará documentación y testimonios destinados a demostrar la inocencia de su cliente y refutar la solidez de las pruebas de la Fiscalía. Se espera que durante la sesión del 26 de agosto se debatan los elementos de convicción aportados por ambas partes, lo que permitirá al juez de control definir la situación jurídica definitiva del contralmirante en esta fase del proceso.
Mientras tanto, el imputado continuará recluido en un centro de readaptación social bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades federales han enfatizado que el proceso se conduce bajo los principios de legalidad y debido proceso, asegurando que se agoten todas las instancias para esclarecer la posible participación de servidores públicos en redes de delincuencia organizada que afectan los recursos de la nación.
