FGR mantiene investigación contra Ernesto Ruffo con nuevos peritajes financieros

La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó este sábado la continuidad de las investigaciones ministeriales en contra de Ernesto Ruffo, tras la reciente resolución judicial que le permitió el beneficio de la prisión domiciliaria. La institución federal sostiene que los elementos probatorios recabados, centrados en análisis financieros detallados y peritajes contables, son suficientes para sustentar la carpeta de investigación en curso.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el Ministerio Público Federal ha robustecido la indagatoria mediante la revisión exhaustiva de movimientos bancarios y registros patrimoniales realizados durante los últimos meses. Estos análisis forman parte de la estrategia legal que la dependencia busca presentar ante las autoridades judiciales para acreditar las presuntas irregularidades vinculadas a la gestión pública del exgobernador.

Por su parte, la defensa legal del imputado ha señalado que los argumentos presentados por la fiscalía carecen de solidez técnica y ha insistido en la necesidad de desvirtuar las pruebas documentales mediante contraperitajes especializados. El equipo legal de Ruffo mantiene que su cliente ha colaborado con las autoridades conforme a los tiempos procesales, buscando siempre garantizar la transparencia de los recursos involucrados en las acusaciones.

El Poder Judicial, a través de la medida de prisión domiciliaria, ha permitido que el proceso continúe mientras se desahogan las diligencias pendientes en las distintas etapas del juicio. Esta situación mantiene la atención en la capacidad de la FGR para sostener sus acusaciones ante un juez, en un caso que ha sido seguido de cerca por diversos sectores de la opinión pública nacional.

La audiencia de continuación de pruebas se espera para las próximas semanas, donde tanto la fiscalía como la defensa presentarán sus alegatos finales respecto a los informes financieros. La resolución definitiva dependerá de la valoración que el juez haga sobre la pertinencia y legalidad de las pruebas aportadas por la institución federal durante esta fase del proceso.