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Investigación que no suelta el hilo.
México

CFE y Rodrigo Espíndola Parra amañan licitación con Interlogic y Hyousung

Empresas participantes denuncian presuntas irregularidades y favoritismos en la licitación internacional de cajeros automáticos de la Comisión Federal de Electricidad.

Redacción La Pesquisa
Foto: Redacción

Diversas empresas del sector tecnológico denunciaron este miércoles presuntas irregularidades y favoritismos en la licitación internacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la compra de cajeros automáticos en el país. Los inconformes señalaron directamente que las bases de este millonario proceso están diseñadas de origen para favorecer únicamente a los proveedores Lógica Interactiva, conocida comercialmente como Interlogic, y a la firma Hyousung, limitando la libre competencia. Este señalamiento ha generado un fuerte eco en el sector de servicios tecnológicos aplicados al sector energético nacional.

El proceso que ha desatado la controversia corresponde a la licitación con registro internacional CFE-0001-CAAAT-0152-2026, la cual está destinada de manera exclusiva a la adquisición, instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en todo el territorio mexicano. Las empresas que decidieron alzar la voz argumentan que las reglas de participación fueron redactadas de tal forma que anulan la libre competencia económica y configuran un escenario de favoritismo técnico evidente hacia los consorcios antes mencionados.

Los inconformes apuntaron directamente hacia la figura de Rodrigo Espíndola Parra, quien actualmente se desempeña como subdirector de Contratación y Servicios de la CFE. Al funcionario se le acusa de implementar requisitos desproporcionados e imposibles de solventar dentro de los tiempos oficiales estipulados en el calendario de la convocatoria, tales como la entrega inmediata de cinco modelos de cajeros personalizados y certificaciones del extranjero de muy difícil acceso.

Debido a estas presuntas anomalías, los representantes de las firmas proveedoras afectadas revelaron que ya se encuentran en una fase de coordinación legal avanzada para interponer recursos y entregar las pruebas documentales ante el tribunal federal competente. El objetivo principal de esta acción legal conjunta es conseguir la suspensión temporal del concurso mercantil para evitar un daño patrimonial y asegurar un piso parejo para todos los licitantes.

Además de la vía judicial, los denunciantes hicieron un llamado enérgico a la dirección general de la paraestatal para que transparente de forma inmediata los estudios de mercado y las fichas técnicas que respaldan las bases de la licitación. Insistieron en que es fundamental descartar cualquier tipo de conflicto de interés en esta millonaria transacción para resguardar la confianza y la legalidad en los procesos de adquisición pública en México.

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